Las patronales de la enseñanza FERE y CECE defienden el derecho que asiste a los centros de Educación Diferenciada a recibir financiación pública.

El director de servicios de Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas FERE, Luis Centeno, ha rechazado la iniciativa propuesta por el Gobierno por considerar que “atenta contra la libertad de enseñanza” ya que limita las opciones de los padres a la hora de seleccionar el tipo de educación que quieren para sus hijos, porque, según ha indicado, sin conciertos económicos sólo las personas de cierto poder adquisitivo podrían seleccionar la educación diferenciada.

“Esa es la trampa” –ha apuntado en declaraciones a Europa Press–. “Si la educación diferenciada es legal, por qué no se puede sostener con fondos públicos y, si resulta ser ilegal, por qué no se prohíbe toda, esté concertada o no”.

A su juicio, la educación diferenciada nunca será discriminatoria mientras cumpla los requisitos de la Convención de la UNESCO sobre la materia, es decir, la obligatoriedad de que el currículo sea el mismo para niños y niñas, los profesores tengan la misma formación, las titulaciones resultantes sean equivalentes y los centros dispongan de similares instalaciones y equipamientos.

En esta misma línea, el vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Valeriano Aldonza, ha subrayado que la educación segregada por sexos no es discriminatoria, según algunas sentencias judiciales del Tribunal Supremo y que, a pesar de que este tipo de enseñanza que separa a chicos de chicas parezca “impopular” tiene, a su juicio, “muchísima demanda”.

Aldonza ha asegurado que CECE siempre va a estar a favor del criterio de “libertad de enseñanza” de los padres para elegir el centro al que desean que acudan sus hijos y se ha mostrado sorprendido de que la administración pudiera poner obstáculos a los centros diferenciados, con gran demanda. “Chirría un poco que la administración ponga trabas para que no estén abiertos”, ha precisado.

Por todo ello, ha afirmado que si se retirase la financiación pública de estos colegios les parecería mal porque, según ha apuntado la patronal, tienen derecho a ser financiados con fondos públicos pues ofrecen a las familias “un modelo pedagógico tan válido, legítimo y reconocido por la Constitución como cualquier otro”.

CECE ha afirmado que este anteproyecto de ley incumple la Directiva Europea de 13 de diciembre de 2004 sobre el Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y suministros, “que reitera el carácter no discriminador de la educación diferenciada”.