Publicada en ABC.es el 09.08.09 (ver)
«El gobierno bipartito en funciones decidió de forma arbitraria poner en cuestión el sistema de conciertos educativos al publicar la Orden de Conciertos de 2009». Es la definición que ayer daba Jorge Javier Villarino, presidente de la Confederación Gallega de APAs de Galicia, Congapa, a lo que se denominó en su día la «herencia envenenada de Touriño»: la supresión, a dos días de la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo, del concierto educativo con cinco centros de educación diferenciada  de La Coruña y Vigo que mantenían acuerdo con la administración desde 1985.
El equipo de Alberto Núñez Feijóo revocó el pasado jueves la última decisión del ex presidente, que el sindicato CIG recurrirá ante los tribunales pero que los padres consideran gante «de la libertad de elección de centro».
Semanas después de acabar con las «galescolas», el gobierno de la Xunta anunciaba el pasado jueves la medida, que pone fin, con la publicación de la encuesta y el nuevo decreto sobre la lengua que será presentado a final de año, al modelo educativo anterior.

La decisión de anular los conciertos de Peñarredonda y Montespiño (La Coruña) y Montecastelo, Aloya y Las Acacias (Vigo) respondía a una estrategia del PSOE iniciada en comunidades como Cantabria y Asturias. Pérez Touriño dejaba así una patata caliente al nuevo Gobierno del PP, que debía ratificar o no la decisión firmada por la directora xeral de Innovación Educativa, María José Pérez Mariño, que comunicaba la retirada de la financiación a escuelas subvencionadas con fondos públicos sin interrupción desde 1985.
Congapa interpuso entonces un recurso de reposición contra la orden al entender que ésta incumplía «flagrantemente» el Real Decreto 2377/1985 sobre el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. La asociación recalca ahora que la ley «establece que los conciertos se renovarán siempre que el centro siga cumpliendo los requisitos que determinaron su aprobación». Con lo cual entienden que la decisión de la Xunta repone la legalidad, al constituir la decisión del anterior ejecutivo bipartito «un ataque directo a la libertad de elección de centro».
La decisión del gabinete encabezado entonces por Touriño provocó el inicio de una recogida de firmas en apoyo del «Manifiesto por la libertad de centro», que contó con el apoyo de 31.000 firmas. «Los padres gallegos que elegimos un centro concertado no estamos recibiendo ninguna subvención, sino que contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento del sistema educativo y recibimos el servicio público de la educación a través de un centro concertado por la administración», defienden.
También critica Congapa que, tras cuatro años de gobierno en los que el bipartito mantuvo los conciertos «sin cuestionar la legalidad de ningún tipo de centro», tras las elecciones del 1 de marzo de 2009, la consellería de Educación en funciones, en contra de las propuestas de las comisiones provinciales de conciertos, y sin respetar ningún criterio objetivo, resolvió la supresión» días antes de la salida del gobierno.
Más apoyo

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«Congapa manifiesta su apoyo a esta decisión de Educación por entender que se mantiene el criterio de garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias de Galicia, a la vez que solicita del actual ejecutivo que dé un paso más en la línea de admitir nuevos conciertos en aquellos centros que lo soliciten, primando la calidad de los centros educativos y la demanda de los padres sobre el criterio de la titularidad, para de esa manera y entre todos mejorar nuestro sistema educativo», defendía ayer públicamente Villarino.