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La Consejería de Educación no tiene ninguna duda sobre la legalidad e idoneidad de las subvenciones -concierto educativo- que asigna desde hace años a los colegios Nelva y Monteagudo, que separan a los niños por sexo. El consejero de Educación, Constantino Sotoca, explicó que «no hay ningún precepto legal», ni siquiera sentencias Tribunal Supremo, que establezcan que «la educación diferenciada por razón de sexo no es ilegal». En Murcia hay dos colegios de educación y que reciben financiación de la Administración: Nelva (femenino) y Monteagudo (masculino).

Sotoca se mostró firme en su convicción de que la Consejería de Educación debe preservar el derecho constitucional de los padres «a elegir libremente colegio conforme a sus convicciones morales y religiosas. El mantenimiento de las subvenciones a los centros que ofrecen educación diferenciada no es ilegal ni discriminatorio», sentenció el consejero.

La polémica sobre la legalidad de las subvenciones públicas a los colegios que practican la educación diferenciada -niños y niñas separados- se ha reavivado esta semana después de que Federación de Enseñanza de UGT haya presentado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la orden de la Consejería de Educación por la que se aprueban y renuevan las ayudas a estos centros privados. El sindicato basa su denuncia en que la separación de los escolares por sexo es incompatible con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, según el cual «en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social».

El consejero tiene claro que la demanda interpuesta por la federación de Enseñanza de UGT se apoya en dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece «la posibilidad de que las administraciones educativas concierten o no con centros educativos que lleven a cabo educación diferenciada, pero lo que no hace en ningún momento es tachar de ilegal o discriminatoria por razón de sexo la escolarización diferenciada». Además, añadió que ya la Convención de la Unesco de 1960 estableció «que el mantenimiento y la creación de centros de educación diferenciada no es ilegal ni siquiera discriminatoria por razón de sexo».

Constantino Sotoca, que tachó la polémica de «estéril», defendió con convicción que países con una trayectoria democrática consolidada, «como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, tienen más de 215.000 centros de escolarización diferenciada, el 93% de ellos colegios de titularidad pública, y nadie ha puesto en duda el régimen de libertades que rige en esos países».