Publicado en La Razón el 12 de junio de 2011 (ver)

La International Boys’ School Coalition, una asociación que agrupa a 250 centros públicos y privados para chicos, con presencia en 15 países del mundo, ha expresado públicamente su preocupación por la intentona del Gobierno español de retirar la financiación pública a las escuelas que educan a chicos y chicas en aulas separadas. Bradley Adams, director ejecutivo de la International Boys’ Schools Coalition, con sede en EE UU, ha defendido la educación diferenciada como un «modelo pedagógico moderno que permite a los profesores potenciar de forma personalizada las capacidades de chicos y chicas, porque se adapta a sus diferentes procesos de maduración y ritmos de aprendizaje».
Asimismo, recuerda en una misiva que la educación por sexos se considera constitucional y su legalidad se ha visto refrendada por varias sentencias judiciales emitidas en 2008 y el acuerdo expreso entre demócratas y republicanos. Ambos partidos «admiten que respeta los derechos humanos y la igualdad de género, al tiempo que responde a las necesidades educativas de niños y niñas», añade Adams.
De hecho, en algunas ciudades, como Nueva York o Chicago, ya se están aplicando programas educativos con este modelo para lograr reducir las altas tasas de fracaso escolar, y los resultados obtenidos hasta la fecha han sido satisfactorios. En España, el Tribunal Supremo ya ha emitido varias sentencias que respaldan la legalidad de la educación diferenciada y su financiación pública, por lo que «rechazamos cualquier iniciativa política que pretenda dañar el derecho de los padres a elegir el modelo pedagógico que prefieran para sus hijos en las mismas condiciones que el resto», expone la asociación. El modelo se encuentra muy extendido en países como Reino Unido, Irlanda, Australia, EE UU, Nueva Zelanda o Sudáfrica, y se encuentra implantado tanto en colegios públicos como privados. También tiene mucho peso en los principales países de Asia.
Las objeciones a la nueva ley que el Gobierno pretende que esté aprobada antes de que acabe la Legislatura cuenta también con las objeciones de la Alianza Española contra la Pobreza (EAPN), que agrupa a un millar de organizaciones sociales.
Entre los aspectos negativos que subraya se encuentra la «colisión con la libertad de expresión individual y colectiva» de la norma. «Nos preocupan mucho los límites de esta ley, dado el amplio abanico de aspectos y también el amplio campo de interpretaciones que podría caber, por ejemplo, dentro del concepto de discriminación múltiple».
Para este grupo de organizaciones, esta circunstancia puede ser especialmente grave en el caso de la libertad de expresión «en las asociaciones, los partidos políticos, las iglesias, las cátedras y organismos científicos, las redes sociales, entre otros, además de los medios de comunicación y la publicidad».
EAPN también pone objeciones a la creación de la nueva figura de la Autoridad Estatal para la igualdad de trato, sobre la que ya se ha dicho que duplica, en algunos casos, las funciones del Defensor del Pueblo. En este caso, considera que «se debería tener en cuenta a los agentes sociales y el funcionamiento de esta autoridad debería ser autónomo y altamente transparente con publicidad de los informes que haga y de las acciones y sanciones que emita».
La organización tampoco oculta su preocupación por el hecho de que la norma regule la carga de la prueba, de tal manera que sea la persona acusada la que deba demostrar su inocencia, mientras que la persona que acusa quede libre de cualquier acusación. Cree que se debe fundamentar muy rigurosamente este aspecto para evitar que la ley dé lugar a que se cometan abusos, como por ejemplo, las denuncias en falso.
Un modelo extendido por todo el mundo
El modelo que separ a niños y niñas en las aulas está extendido por todo el mundo. Se calcula que existen 210.281 escuelas de este tipo que escolarizan a más de 40 millones de alumnos, según datos de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada (EASSE). Por continentes, Asia se encuentra a la cabeza de la lista, con casi 180.000 escuelas.